En busca del dato perdido (El Derecho al Olvido y la Protección de Datos)

En esta ocasión, hemos creído que el título personalizado de la primera película de la saga de Indiana Jones, nos iba perfecta para explicar en qué consiste el denominado Derecho al Olvido respecto a los datos personales como una potestad más que tenemos los ciudadanos en relación a nuestros datos personales, y que hace referencia a esos datos personales que creíamos perdidos y que en realidad son localizables en los buscadores de Internet.

El 'derecho al olvido' consiste en la potestad de impedir la difusión de nuestros datos personales por internet cuando son obsoletos, han perdido su vigencia y su interés público, independientemente de que su publicación original fuera legítima.

La regulación del derecho al olvido de los datos personales surge de la necesidad de dotar a los ciudadanos de mecanismos para poder eliminar sus datos personales obsoletos de los buscadores de Internet y que pueden causarle perjuicios. Pero no ha sido sencillo, ya que originalmente los principales buscadores de Internet se negaban aplicarlo basándose en que la legislación europea de datos personales no les afectaba y en que supone una censura al derecho a la información y libertad de expresión. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto y obliga a su acatamiento a todos los buscadores de Internet independientemente de donde tengan su sede social.

¿Cómo solicitar el derecho al olvido de mis datos personales? Bastará con dirigirse al buscador del que queramos que desaparezcan nuestros datos personales, ya que la mayoría de ellos han habilitado formularios específicos para solicitarlo, y esperar a su respuesta y su desaparición de nuestros datos personales del buscador en cuestión. Si se niegan, siempre podremos solicitar el amparo de la Agencia Española de Protección de Datos personales.

Eso sí, es importante resaltar que el derecho al olvido no consiste en una potestad de borrar a la carta los datos que queramos, sino que tendrán que cumplirse unas premisas básicas: obsoletos, sin vigencia ni interés público.